Tras cuatro días de paro indefinido que ha remecido Piura y otras regiones productoras del país, el Gobierno publicó el Decreto de Urgencia N.º 005-2026, una medida que busca responder a la crisis que afecta a miles de productores de arroz. Sin embargo, lejos de generar consenso, el anuncio ha abierto un nuevo debate: ¿se trata de una solución real o solo de un alivio momentáneo para contener las protestas?
La norma contempla una inversión de S/ 170 millones, destinados a enfrentar el incremento de los costos de producción que golpean al sector agrario. De este monto, S/ 120 millones serán utilizados para acciones de mitigación y la adquisición de arroz destinado a poblaciones vulnerables, mientras que S/ 50 millones financiarán la limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor mediante Núcleos Ejecutores.
Según el Ejecutivo, estas medidas beneficiarán a más de 71 mil productores de arroz en todo el país, especialmente a los pequeños agricultores, quienes representan el 75 % del sector. El Gobierno sostiene que el encarecimiento de combustibles y fertilizantes, agravado por los conflictos internacionales, ha reducido significativamente la rentabilidad de los productores.
No obstante, las organizaciones agrarias mantienen una postura crítica. Desde Piura, diversos dirigentes consideran que los recursos anunciados no atacan los problemas de fondo, como el endeudamiento de los agricultores, los bajos precios en chacra y la falta de políticas sostenibles para el fortalecimiento de la cadena productiva.
El presidente de la Asociación de Productores Agrarios del Valle de Medio, Bajo Piura y Sechura, Máximo Valdiezo Delfín, calificó la medida como una simple “antalgina”, señalando que representa un alivio pasajero frente a una crisis mucho más profunda.
Mientras tanto, los gremios agrarios analizan el contenido completo del decreto para definir si las medidas anunciadas justifican el levantamiento del paro o si las protestas continuarán en los próximos días.
La decisión ahora está en manos de los agricultores, quienes deberán determinar si este paquete económico representa una verdadera respuesta a sus demandas o únicamente un respiro temporal en medio de una crisis que sigue sin resolverse.