Con el objetivo de transformar los sistemas agroalimentarios del país bajo criterios de sostenibilidad, justicia social y protección de los recursos naturales, la Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE Perú) y diversas organizaciones aliadas formalizaron la propuesta del Programa Nacional de Agroecología y Agrobiodiversidad del Perú.
La iniciativa fue presentada ante candidatos y representantes de distintas fuerzas políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026, promoviendo una agenda orientada al fortalecimiento de la agricultura familiar, la conservación de la biodiversidad, la gestión sostenible del agua y el rescate de los conocimientos ancestrales que históricamente han sustentado la producción de alimentos en el país.
El programa contempla acciones estratégicas para impulsar la producción agroecológica, ampliar el acceso al crédito rural, fortalecer el cooperativismo, garantizar la titulación de tierras y proteger las cuencas y fuentes de agua que sostienen la actividad agrícola nacional.
Según los impulsores de la propuesta, la agroecología representa una herramienta clave para enfrentar los desafíos del cambio climático, la degradación ambiental y la vulnerabilidad que enfrentan miles de pequeños productores en todo el territorio nacional.
Durante el encuentro, diversos candidatos expresaron su respaldo a la iniciativa y coincidieron en la necesidad de priorizar políticas públicas que promuevan la sostenibilidad, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las comunidades rurales.
Uno de los principales ejes planteados es la protección de las cabeceras de cuenca y las fuentes de agua, consideradas fundamentales para garantizar la producción agrícola futura y la conservación de la biodiversidad.
Actualmente, la agricultura familiar representa uno de los pilares de la economía rural peruana, genera empleo para más de tres millones de personas y constituye la principal fuente de abastecimiento de alimentos para el mercado interno.
El Programa Nacional de Agroecología propone una gestión articulada entre el Estado, los productores y las organizaciones agrarias, con una visión de largo plazo que permita construir un campo más resiliente, competitivo y sostenible para las futuras generaciones.